Durante los últimos 20 años, América Latina avanzó significativamente en las regulaciones del aborto, principalmente ampliando derechos; pero aún así en ningún país de la región el acceso al aborto voluntario es completamente a libre demanda ni está exento de penalización, ya que algunos países todavía lo prohíben. 

La situación de cada país es única, y aunque se comparten algunos patrones es necesaria una conversación informada que permita encontrar y aprovechar los espacios que brinda el ambiente legal de cada país, para avanzar en un mejor acceso al aborto de calidad. Tener un panorama regional permite observar similitudes y diferencias, y así adaptar las estrategias y encontrar ejemplos regionales de buenas prácticas regulatorias que inspiran. 

Es por ello que desde el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI- y junto a un grupo de 20 organizaciones de toda la región, nos propusimos aportar información de lo logrado y de todo lo que aún falta legalmente (considerando los mejores estándares, buenas prácticas y recomendaciones en la materia), a través del estudio “Leyes y sombras: las regulaciones de aborto en América Latina”, el primer documento que analiza en detalle la regulación del aborto en dieciséis países de la región. 

Uno de los hallazgos revela que para saber cómo se aborda jurídicamente el aborto en la región no basta mirar el modelo de regulación, sino también la “letra chica” que se encuentra en las propias leyes de aborto, en guías sanitarias o leyes civiles, y que juega un papel central en los términos del acceso a una práctica segura y también en las posibilidades que tienen las políticas públicas, los activismos y los servicios de salud de diseñar estrategias de atención.

Además, la disponibilidad del aborto en la región varía ampliamente por diversos factores, como disponibilidad de personal y de insumos, así como la accesibilidad de los servicios de salud, sin embargo, el entorno normativo es un factor clave. En este sentido, se habla de países con regulación óptima (ninguno de los analizados entra en esta categoría); amplia (por ejemplo, Argentina, Colombia, Uruguay, Ciudad de México y Coahuila); restringida (por ejemplo, Guatemala, Perú, Paraguay, Costa Rica, Panamá); o prohibitoria (son los casos de Honduras, El Salvador, República Dominicana).

En el caso de Argentina, considerado dentro del grupo de países con disponibilidad amplia y con un marco regulatorio que asegura la legalidad del aborto en el modelo mixto, también se detecta una cobertura adecuada de las prácticas dentro del sistema de salud. Esto quiere decir que se trata de prácticas asequibles o gratuitas que pueden ser solicitadas por cualquier persona dentro del sistema público de salud o cubiertas por los seguros básicos sanitarios en los subsistemas de salud de seguridad social o privados. 

Asimismo, la disponibilidad de personal desde el punto de vista de la ampliación de equipos y la capacitación para la provisión de las prácticas también es un aspecto a destacar en nuestro país, en donde se establece la obligatoriedad de contar con personal disponible y dispuesto a realizar las prácticas y brindar capacitaciones suficientes para asegurar la calidad de la atención por parte del personal sanitario.

Además, en Argentina se han emitido recientemente regulaciones procedimentales actualizadas que favorecen el entorno normativo para la provisión de servicios, y que buscan promover la atención desde el primer nivel de atención, integrando la salud comunitaria y contemplando la disponibilidad de insumos y la capacitación del personal. Esto, sumado a la autorización del uso de telemedicina para el aborto, como una de las herramientas tecnológicas que aseguran la asistencia en contextos de restricción de movilidad, en lugares alejados o con poco acceso a servicios físicos de salud.

Es importante resaltar que los resultados de esta investigación tienen un gran potencial  en términos de incidencia, tanto en cada país cómo a nivel regional. Hemos mostrado que  no todo puede o debe discutirse en el Congreso o legislatura, sino que algunas acciones, discusiones y decisiones estratégicas y muy significativas pueden ocurrir en los ministerios de salud y en los servicios de salud. En algunos casos son estos los que nos deben, entre otras cosas, promover actualizaciones de los protocolos de aborto a la luz de la mejor evidencia, muchas de las cuales hoy están plasmadas en las Directrices de aborto de la Organización Mundial de la Saluda (2022) y circuitos de atención que permitan el ejercicio de responsabilidades, deberes específicos y mecanismos para la garantía de derechos. 

Que el acceso al aborto en América Latina es desigual es un hecho. Por ello, un análisis minucioso sobre el abordaje regulatorio, que permita traer nuevas reflexiones para la implementación de mejores prácticas en la región, sigue siendo nuestro compromiso. Dejamos abierta una invitación a seguir pensando en conjunto, para quienes apuestan por el cumplimiento de los derechos reproductivos en nuestra región. Porque los avances científicos, tecnológicos y estándares de derechos humanos son abundantes, porque la evidencia es clara y porque la garantía de derechos en Latinoamérica es urgente.

*La columna fue escrita por Sonia Ariza Navarrete, coodinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital de CLACAI.