De manera más o menos explícita, la Argentina parece encontrarse discutiendo lo mismo desde hace más de 50 años: ¿Debe haber un tipo de cambio único de equilibrio para toda la economía? Si existe y es deseable ¿cuál debe ser su nivel?

Tal como se discutía en los '70, comienzan a oírse nuevamente voces -si es que alguna vez dejaron de hacerse oír- que postulan que, dada la estructura productiva de nuestro país, si se permite que el tipo de cambio sea determinado por los sectores más competitivos de la economía -aquellos relacionados con el agro, y hoy también con la energía y la minería-, la naturaleza recursos naturales-intensiva/capital-intensiva de los mismos hará que se destruyan aquellos sectores de la economía orientados al mercado interno -fundamentalmente la industria-, con capacidad de generar empleo y bienestar para la población. 

En los 70's y 80's esa discusión se saldaba con la aplicación de tipos de cambio desdoblados, -con el consecuente trasvase de riqueza de los sectores más productivos a los menos productivos, distorsión en precios relativos, caída en los niveles de inversión y exportación y costos en términos de crecimiento y bienestar general-. Hoy la lección parecería estar aprendida. No se escuchan voces que propongan el camino del desdoblamiento cambiario como solución (aunque perduran sucedáneos como los derechos de exportación y el impuesto PAIS). No obstante, no se han acallado las voces en torno al establecimiento de medidas de protección comercial como instrumentos válidos de protección del empleo local. 

Tal dicotomía resulta ser falaz. La economía australiana vivió desde las décadas de los 80's y 90's un proceso de estabilización macroeconómica -en el sentido de fijar pautas básicas y estables de políticas fiscales y monetarias- y de sucesivas políticas microeconómicas de desregulación y liberalización de su economía que le permitieron transitar una reconversión profunda de su estructura productiva. Reconversión que no solo se apoyó en los sectores primarios, sino que potenció a los sectores manufactureros y de servicios, no solo como generadores de empleo, sino como sectores competitivos a nivel internacional. 
 

La clave del éxito radicó en poner el foco en la productividad

Es nuestro caso, resulta bienvenido que por primera vez se haya puesto el foco de atención en el principal y verdadero problema que ha acarreado nuestra economía durante los últimos años: el déficit fiscal. Si bien aún resta un debate sobre la calidad del gasto y una estructura tributaria eficiente para financiarlo, el equilibrio fiscal es una condición necesaria sin la cual no es posible encarar cualquier otra discusión.

Paradójicamente, menos contundentes han resultado los avances en términos de la política monetaria y cambiaria. Si bien es cierto y entendible que -dados los desequilibrios financieros heredados- la actual administración se enfocara en controlar los mercados cambiarios, reestablecer el equilibrio en la hoja de balance del Banco Central, y evitar una espiralización de la inflación, no menos cierto es que, hasta tanto no se defina un programa monetario y de política cambiaria, no se sentarán las bases para un genuino y vigoroso proceso de expansión de la inversión.

Por lo tanto, más temprano que tarde debería encararse un proceso de liberación del cepo cambiario, y explicitación del programa monetario. También debería explicitarse el régimen cambiario asociado a tal política: ¿libre flotación? ¿tipo de cambio fijo? ¿competencia de monedas con tipo de cambio fijo o flexible? ¿dolarización? Esto permitirá limitar los grados de incertidumbre, remonetizar la economía y dinamizar la actividad. Posponerlo más allá de lo prudente podría atentar contra el objetivo de equilibrio fiscal, en la medida en que no se produzca una recuperación en el nivel de actividad y de la recaudación tributaria, fuera de los tributos al comercio exterior.

Por otra parte, muchos de los sectores denominados “no competitivos” lo son por distorsiones que genera la propia intervención del Estado, sea mediante impuestos distorsivos o regulaciones que, de no existir, los posicionaría en una situación productiva mejor.

En ese sentido, es necesario avanzar de manera contundente con un conjunto de políticas microeconómicas que pongan el foco en la productividad. Y, si bien puede haber avances limitados a instancias del poder ejecutivo nacional, para que se dé un cambio profundo y sostenible en el tiempo se requiere de consensos políticos para modificar leyes que, al menos, cambien las estructuras impositivas y de los mercados laboral y financiero. Y, como muestra el caso australiano, estos no son cambios de única vez. Requieren de un continuo monitoreo e introducción de medidas que apunten a una mejora continua y sostenida de la productividad.

El pacto de mayo propuesto por el presidente en la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso -pero también el proceso de generación de consenso para la aprobación de las leyes que se mencionaron allí como pasos previos al acuerdo- serán un indicio sobre si, en esta oportunidad, nuestra dirigencia toda está a la altura de las circunstancias y de una sociedad que, por el momento, parecería aportar la cuota de paciencia y de esfuerzo necesarios para transitar por ese camino. 

*La columna fue escrita por José María Segura, Economista jefe de PwC