El objetivo central del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es promover la libertad económica, reduciendo la intervención estatal y favoreciendo la autonomía del sector privado. La idea última es minimizar el rol del Estado, devolviéndole a los individuos el poder de decidir sobre su propio destino. 

No obstante, es importante destacar que este enfoque no es dogmático ni cerrado. Reconoce que, en ciertas circunstancias, pueden existir razones que justifiquen la presencia del Estado. En otras palabras, el objetivo no es reducir el Estado por reducirlo, sino eliminar su intervención donde no es esencial y, al mismo tiempo, promover un entorno en el que la competencia, la innovación y la libre empresa sean los motores principales de la economía.

La Secretaría de Desregulación, como una de las dos dependencias que conforman el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, tiene una misión clara: reducir la burocracia, eliminar regulaciones innecesarias y fomentar un entorno que facilite la creación de empresas y la generación de empleo. 

Nuestra visión de la historia reciente es que hacer negocios en Argentina era lo más parecido a pelar una cebolla. Se debía atravesar capa tras capa de regulaciones, permisos y trámites que parecían interminables. ¡Y, al finalizar el proceso, inevitablemente se terminaba llorando! Nuestro mandato es eliminar esas capas de regulaciones innecesarias que sobrecargan a las empresas y dificultan la innovación y el emprendimiento. 

Para poder operar un negocio había que sortear cientos de pasos. Cada paso implicaba más papeleo, más intermediarios y más costos. Esto, además de dificultar la operatoria, desincentivaba la inversión y, lo que es peor, contribuía a la corrupción.

La corrupción, por supuesto, no es una consecuencia inevitable de la burocracia, pero sí es un terreno fértil para que florezca. Cuando el proceso para realizar una actividad económica está plagado de trámites innecesarios y decisiones discrecionales, se abren las puertas para que actores malintencionados aprovechen la oportunidad para sobornar o influir en decisiones. Por lo tanto, uno de los mayores beneficios de la desregulación es precisamente la lucha contra la corrupción, ya que se eliminan las "zonas grises" donde la intervención del Estado puede ser utilizada de manera abusiva.

Otro de los beneficios de la desregulación es el impulso que puede ofrecer a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que suelen verse afectadas por el exceso de normativas. A menudo, estas regulaciones están diseñadas para acomodar las necesidades de las grandes corporaciones, lo que genera cargas administrativas, fiscales y operativas desproporcionadas para las pymes, que no cuentan con los mismos recursos para cumplir con esos requisitos.

En la Argentina, durante mucho tiempo, se ha pensado que las pymes necesitan asistencia a través de programas específicos. Ejemplos de ello son iniciativas como el "Apoyo a la Productividad y Competitividad de las Empresas" (que alcanzó a 150 empresas), "Capacitar Pyme" (con 5300 empresas beneficiadas) y la "Promoción de Reformas para la Competitividad Pyme" (que solo impactó en 10 empresas).

Sin embargo, estos programas son soluciones limitadas dentro de un contexto donde existen más de 1,8 millones de pymes en el país. Si bien estos programas pueden ser útiles para algunas empresas, la verdadera solución no radica en intervenciones aisladas, sino en eliminar las barreras regulatorias que las colocan en desventaja frente a las grandes corporaciones. 

Los resultados de estas políticas de desregulación ya son visibles. Sectores en los que antes enfrentaban una jungla administrativa ahora pueden operar con mayor agilidad. A modo de ejemplo, la desregulación del sector aerocomercial incluye la eliminación del monopolio estatal de Intercargo, favoreciendo la entrada de nuevos actores al sector. También incluye la autorización a operar en el país a las tripulaciones y aeronaves extranjeras en vuelos comerciales, la posibilidad de que empresas puedan ofrecer sus servicios a otras aerolíneas, la simplificación de trámites para la autorización de aeronaves pequeñas, entre muchas otras medidas.

La desregulación del sector automotor incluye la modificación del Registro de Transporte Único Automotor (RUTA), que eleva la capacidad mínima para que un vehículo sea considerado como transporte de carga. La desregulación del transporte inter-jurisdiccional flexibiliza los requisitos para poder operar, otorgando plena libertad para definir modalidad, cantidad, trayectos, horarios y tarifas de sus servicios entre los partidos del conurbano y CABA. La desregulación del transporte automotor de larga y media distancia permite que cualquier operador de transporte de pasajeros pueda entrar a los aeropuertos y puertos.

En el sector de telecomunicaciones, se han eliminado regulaciones que impedían la competencia de Internet y TV satelital. Y la lista es mucho más larga.

Si bien es cierto que aún queda trabajo por hacer, se han dado pasos importantes hacia un modelo de país donde las empresas, y no el Estado, sean las principales responsables de su destino.

El desafío es seguir adelante con estas reformas y continuar achicando y simplificando el Estado, siempre con la vista puesta en un futuro donde la libertad económica sea la norma, no la excepción.