Para las empresas de servicios públicos, entre ellas las de distribución de gas natural por redes, donde las inversiones son a largo plazo, se necesitan marcos regulatorios estables que perduren sin grandes alteraciones a lo largo de los años, que estos se cumplan por parte de todos los actores sociales, públicos y privados, y esto es lo que permite mantener un sendero de inversiones y crecimiento. En nuestro caso, en Naturgy brindamos el servicio en 30 municipios de zona norte y oeste del conurbano bonaerense, gestionando una red de más de 27.000 km., llegando diariamente a 1,6 millones de hogares y más de 50.000 industrias, comercios y estaciones de GNC.

Es bueno recordar que la regulación del servicio público de distribución de gas natural por redes en Argentina tiene un marco regulatorio establecido en la Ley 24.076 y accesorias, que establece un método de precio que debe fijar la autoridad regulatoria para el transporte y distribución de gas. Este método se sustenta en la generación de incentivos a la eficiencia y a la inversión, y en la transparencia de la información. 

Disponer de cuadros tarifarios justos y razonables es lo que posibilita a las empresas tener un sendero de ingresos que les permitirán planificar y diseñar nuevas inversiones, la expansión del servicio en aquellas áreas donde este aún no llegó, poder realizar todas las operaciones de mantenimiento y de atención a los clientes, y así obtener una rentabilidad razonable. 

Este objetivo propuesto por la Ley 24.076 se cumple a través de revisiones tarifarias quinquenales que permitan actualizar los costos de la operación y determinar las obras de expansión a realizar en el periodo en cuestión. La última realizada fue en 2016, dejada sin efecto en 2019, y en este momento nos encontramos en un proceso de concreción de un cuadro tarifario transitorio, para el cual se realizó una audiencia pública en el pasado mes de marzo. La publicación de estos cuadros deberá ser el puntapié inicial para que las distribuidoras, el regulador y la sociedad en general comencemos a trabajar en una nueva revisión tarifaria, y así dar cumplimiento al marco regulatorio.

En este contexto, las empresas de servicios públicos son de vital importancia para el desarrollo sostenible de las comunidades. Está comprobado que, cuando llega el gas natural a un barrio, permite un mayor desarrollo, el establecimiento de nuevos comercios e industrias, una mejora en el perfil alimenticio de los vecinos, menores enfermedades respiratorias por la mejora en la calefacción, entre otros beneficios. 

Por ello, entendemos que es vital poder continuar expandiendo el servicio hasta gasificar todos los barrios que así lo permitan. Destaco también la importancia que tiene para la economía argentina expandir el servicio y continuar con el fomento del gas natural como combustible de transición hacia fuentes energéticas menos contaminantes, como la eólica y la solar, que vienen creciendo tanto en el mundo como en el país. 

Las tarifas sustentables permiten continuar adoptando nuevas soluciones tecnológicas, no solo en materia de atención al cliente, sino también por nuevas herramientas digitales que hacen al control de la red, la medición de consumos y demás aspectos del sistema que hacen a su expansión y confiabilidad.

Otro aspecto importante a definir en las revisiones tarifarias es la conformación de una tarifa social que permita llegar con una tarifa diferencial a todos los usuarios que realmente la necesiten. En ese sentido, es clave definir criterios bien claros para determinar quiénes deben acceder a esa tarifa. 

Entendemos que es necesario subsidiar la demanda y no la oferta, porque esto afecta la capacidad productiva y generan derroches en el consumo, cuando más que nunca necesitamos promover y hacer un uso eficiente de estos. En definitiva, la normalización del sector permitirá continuar trabajando en forma sustentable y, por supuesto, continuar manteniendo el servicio de calidad que se brinda día a día