La pobreza sigue aumentando. El incremento del gasto público, incluido el asistencial, genera aceleración inflacionaria. Según el INDEC, entre el primer y segundo semestre del 2022, la pobreza pasó del 36,5% de la población al 39,2%. La preocupación se acrecienta dada la aceleración inflacionaria de los primeros meses del 2023.  Por este motivo, hoy se infiere que la pobreza es más alta aún. 

Un factor relevante es la imposibilidad de acceder a empleos de calidad, por estancamiento económico y por carencias de habilidades laborales pertinentes. Otra causa es la alta inflación. Los segmentos sociales más vulnerables tienen mayores dificultades para defender sus ingresos frente a la erosión inflacionaria. Esto no solo conspira contra el funcionamiento de la economía, sino que también tiene un impacto muy regresivo en la distribución personal del ingreso. 

Para tomar cierta perspectiva, entre el segundo semestre del 2019 y el segundo semestre del 2022, vimos que el gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI. Dentro del cual, el gasto en planes asistenciales (sin incluir la AUH) pasó de 0,7% al 1,8% del PBI. 

Por su parte, la inflación pasó del 53% al 85% anual. Y la cantidad de pobres pasó de 10 millones a 11,5 millones de personas. Esto pone de manifiesto que el aumento del gasto público y, en particular, el asistencial, fue ineficaz. El aumento de las erogaciones desencadenó en una aceleración de la inflación que llevó a que más gente tenga ingresos que no superan la línea de pobreza. 

La situación es muy desafiante para los próximos meses porque es poco probable que el crecimiento de los precios se modere. Bajar el gasto público ahora encuentra nuevas resistencias, como por ejemplo el creciente peso de los planes asistenciales en el gasto público total. El gasto asistencial ya se acerca a los salarios de los empleados públicos y un tercio de las jubilaciones contributivas. El aumento del gasto asistencial se convirtió en un componente importante del gasto público total con intereses que resisten su revisión. 

Las políticas de ajuste fiscal tradicional no sirven para resolver crónicos déficits financieros y de gestión. Un planteo más disruptivo en el ordenamiento integral del sector público resulta más que imperante. 

En esta línea, las provincias tienen que asumir sus responsabilidades en las funciones sociales y financiarlas con los impuestos que se recaudan en sus territorios. La principal fuente de financiamiento de las provincias debería ser el IVA y la coparticipación debería ser eliminada. De esta forma, se generarán los incentivos necesarios. Por su parte, Nación debe concentrarse en sus funciones de integración al mundo y velar por la estabilidad macroeconómica.