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La Blockchain como solución a la corrupción en Argentina: una herramienta para el cambio

Mónica Taher VP de Marketing de RocketFuel

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25 Junio de 2023 11.00

Hace algunos años, el Caso "Lava Jato" en Argentina (la investigación brasileña "Lava Jato") reveló en 2014 una red de corrupción que involucraba a la empresa constructora Odebrecht y funcionarios de varios países latinoamericanos, incluida Argentina. Se estima que Odebrecht pagó alrededor de 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. 

La corrupción es un problema generalizado que afecta tanto al sector público como al privado en Argentina. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, Argentina se ubica en el puesto 78 de 180 países, con una puntuación de 42 sobre 100. Estas cifras muestran que la corrupción sigue siendo un desafío importante en la nación sudamericana, pero la tecnología blockchain podría brindar una solución viable y eficiente para contrarrestar este flagelo.

La blockchain, una tecnología descentralizada, transparente y segura, tiene el potencial de revolucionar la forma en que se gestionan las transacciones y la información en Argentina. Al eliminar intermediarios y permitir el rastreo y registro en tiempo real de decisiones gubernamentales y empresariales, la blockchain puede dificultar la manipulación y ocultamiento de datos, lo que a su vez reduce las oportunidades de corrupción.

Esta tecnología fue creada en 2008 como una solución al problema del doble gasto en las transacciones digitales y su implementación inicial se realizó en 2009 con el lanzamiento de Bitcoin, la primera criptomoneda que la utilizó. 

¿Pero cómo pudo la blockchain ayudar a contrarrestar la corrupción en el Caso de Odebrecht? Si se hubiesen utilizado contratos inteligentes basados en esta tecnología de bloques, los procesos de licitación podrían haber sido automatizados y transparentes, dificultando la realización de pagos ilícitos.

A nivel gubernamental, la implementación de la tecnología blockchain en la administración pública puede mejorar la transparencia en áreas clave como la asignación de recursos, la contratación y la gestión de proyectos. Además, al registrar todas las transacciones en una cadena de bloques, se podría facilitar la auditoría y el seguimiento de los gastos gubernamentales, fomentando la rendición de cuentas y disuadiendo actos corruptos.

En el sector privado, las empresas pueden utilizar la blockchain para mejorar la confiabilidad y la seguridad de sus operaciones. Por ejemplo, al emplear esta tecnología en la cadena de suministro, se puede rastrear y verificar la procedencia de los productos, lo que dificulta la falsificación y el fraude. Además, la implementación de sistemas de votación electrónica basados en blockchain pueden aumentar la transparencia en la toma de decisiones corporativas, reduciendo la posibilidad de sobornos y manipulación.

Aunque la adopción de la tecnología blockchain no es una solución mágica para erradicar la corrupción en Argentina, sí representa un paso significativo hacia un futuro más transparente y equitativo. Para lograr un cambio real y duradero, es fundamental complementar el uso de la blockchain con reformas legales y educativas. La promoción de la educación cívica y la participación ciudadana es clave para lograr un cambio sostenible en la lucha contra la corrupción. Los ciudadanos informados y comprometidos pueden ejercer presión sobre las instituciones y exigir mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, el fortalecimiento de la cultura de la integridad y la ética en todos los niveles de la sociedad puede contribuir a prevenir y disuadir prácticas corruptas.

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Para implementar la blockchain se necesitan funcionarios públicos con mucho valor ya que sólo un gobierno que en realidad desee pelear contra la corrupción en su país, aunque eso signifique señalar a la gente de su mismo partido, adoptará las siguientes medidas:

Concientización y educación: Es fundamental crear conciencia sobre los beneficios de la blockchain y cómo puede contribuir a combatir la corrupción. Esto implica llevar a cabo programas de capacitación y talleres para funcionarios gubernamentales, empresarios y ciudadanos interesados.

Desarrollo de marcos regulatorios: Los gobiernos deben establecer regulaciones claras y sólidas que fomenten el uso de la tecnología blockchain de manera segura y responsable. Esto incluye la creación de leyes y normativas que faciliten la adopción de la blockchain en sectores clave, como la administración pública y las finanzas.

Identificación de áreas prioritarias: Es importante identificar las áreas donde la corrupción es más prevalente y donde la implementación de la blockchain puede tener un mayor impacto. Algunos ejemplos incluyen la contratación pública, la gestión de registros de propiedad, la cadena de suministro y la recaudación de impuestos.

Implementación de proyectos piloto: Antes de implementar soluciones basadas en blockchain a gran escala, es recomendable llevar a cabo proyectos piloto para evaluar su eficacia y viabilidad. Estos proyectos permiten identificar posibles desafíos y ajustar las estrategias según sea necesario.

Colaboración entre sectores: La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es crucial para garantizar el éxito de las iniciativas basadas en blockchain. Esto implica establecer alianzas y desarrollar proyectos conjuntos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.

Evaluación y seguimiento: Una vez implementadas las soluciones basadas en blockchain, es necesario monitorear y evaluar su impacto en la lucha contra la corrupción. Esto permitirá ajustar las estrategias y mejorar continuamente los esfuerzos para combatir este flagelo.

Si la blockchain se adopta de manera efectiva y se combina con medidas complementarias, esta innovadora herramienta puede marcar el comienzo de una nueva era de transparencia y equidad en la Argentina. 

 

 

*La columna fue escrita por Mónica Taher, VP de Narketing de RocketFuel.  Ex Dir. de Tecnología e Innovación de Negocios en InvestSV en el Gobierno de El Salvador.

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