Ante un nuevo cambio de gobierno, el mayor desafío que deberán enfrentar las autoridades entrantes, en lo que se refiere a la industria energética, es proponer, implementar y sostener medidas para mantener los avances hacia el autoabastecimiento, aumentar la producción y permitir el desarrollo a gran escala.
Desde hace muchos años se habla de la energía como el gran motor de la Argentina y se percibe al sector como una de las dos fuentes principales de generación de divisas, junto con el agro. Hoy resuenan estas preguntas: ¿qué es lo que necesita el país para que esto suceda?, ¿por qué la energía aún no ha alcanzado su esplendor?
Argentina tiene por delante un escenario auspicioso: cuenta con gran potencial en recursos geológicos y profesionales, consenso político y social respecto de la importancia de los hidrocarburos y del sector energético en su conjunto, más de 100 años de experiencia en su explotación y muchas empresas de primer nivel que apuestan al desarrollo del sector. La magnitud de los recursos disponibles determina que un impulso a gran escala requerirá de significativas inversiones locales y extranjeras.
La concreción de los proyectos de hidrocarburos se enmarca en el contexto de la transición energética. Esto nos enfrenta a una limitación temporal que exige reglas claras y ágiles por parte del gobierno para aprovechar la ventana de oportunidad disponible con relación a los combustibles fósiles. De este modo, nuestro país podrá, finalmente, posicionarse como un exportador relevante de energía para el mundo. Además, los conflictos históricos y actuales a nivel geopolítico son otro factor que también impacta de manera directa en la volatilidad de estos recursos.
Asimismo, la situación macroeconómica derivó en la implementación de numerosas medidas a corto plazo que han impedido o demorado el desarrollo exponencial de recursos de gas natural y del petróleo. Este contexto generó incertidumbre en los inversores, comprometió el crecimiento sostenido de la industria energética y provocó que los costos expliquen gran parte del déficit fiscal y agraven la situación macroeconómica, ralentizando el desarrollo del país.
En Marval, el estudio de abogados más grande de Argentina y que este año festeja su primer centenario, nos ha tocado transitar numerosos cambios económicos y políticos, así como las distintas etapas que recorrió el sector energético argentino. En este sentido, en la década de los 90, brindamos asesoramiento al Estado nacional en los aspectos legales relacionados con la privatización de YPF y Gas del Estado. También, trabajamos para defender exitosamente a distintos actores que sufrieron las arbitrariedades de un Estado cada vez más interventor cuando aconteció la crisis económica del año 2002. En la actualidad, continuamos acompañando a nuestros clientes locales e internacionales para facilitar el desarrollo de negocios energéticos en un contexto regulatorio y económico complejo, siempre con el enfoque comercial e interdisciplinario que caracteriza nuestra firma. Desde esta perspectiva, creemos que las decisiones más inmediatas deben incluir la recomposición de los precios relativos de los combustibles y la regularización de las importaciones de insumos para la continuidad de los proyectos en curso.
El desarrollo de la producción a gran escala del gas natural licuado (GNL), que está a la espera de las regulaciones necesarias para la toma de decisiones de inversión, es uno de los desafíos a corto plazo. Existe consenso en la industria de la necesidad de contar con una reglamentación específica para que la producción de GNL pueda ser desarrollada a gran escala con las garantías necesarias, considerando los montos de inversión involucrados y la competencia de otros países proveedores de GNL a nivel mundial.
Todos los proyectos a largo plazo requieren de la infraestructura necesaria para su concreción, principalmente gasoductos y oleoductos. Se necesitan algunas modificaciones del marco regulatorio actual en lo relativo al midstream (que incluye el transporte, el almacenamiento y el procesamiento), para que la infraestructura se pueda financiar con fondos privados.
Otro de los principales desafíos a corto plazo en materia de infraestructura es la obra de reversión del gasoducto norte, que resulta necesaria debido a la declinación de la producción de la Cuenca del Noroeste Argentino y la caída de las importaciones provenientes de Bolivia. Si bien el gobierno electo ha manifestado dudas en cuanto a la continuidad del proceso, en atención a la falta de recursos para obras públicas como consecuencia de los altos niveles de déficit fiscal, su concreción inmediata resulta indispensable para el país. Esto se debe a que, además de abastecer el norte de nuestro país, posibilitará la exportación de gas al norte de Chile y a Brasil.
El desafío relacionado con las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad no es menor. Si bien no requiere de adecuaciones inmediatas de los marcos regulatorios existentes, la nueva administración deberá impulsar medidas rápidamente contemplando los criterios que fijó la Corte Suprema en el fallo “Cepis”. Estas medidas tendrán que dar las señales adecuadas a los prestadores de servicios públicos y tener como objetivo la disminución del déficit fiscal.
Debido al contexto actual de nuestro país y a nuestra historia de las últimas dos décadas, hay algunos elementos que resultan claves para toda la industria y que surgen constantemente en los análisis con nuestros clientes al momento de decidir inversiones de la magnitud que demandan estos proyectos: la instrumentación mediante la contractualización de la relaciones entre el Estado y los inversores (por oposición a esquemas más expuestos a vaivenes regulatorios y cambios de criterio), contar con autorizaciones de exportación en firme de largo plazo que sean respetadas, que las divisas que se obtengan por las exportaciones puedan girarse o mantenerse en el exterior, que la carga fiscal de los proyectos no se modifique y que se utilice el arbitraje internacional para someter las controversias vinculadas a estos proyectos que se susciten con el estado. Además, es importante considerar, como forma de proteger a los inversores, la posibilidad de enmarcar estos proyectos en tratados internacionales con países exportadores de capitales e importadores de insumos energéticos.
En materia de electricidad, uno los principales desafíos del nuevo gobierno —además del reordenamiento tarifario— se vincula con la redefinición del rol de CAMMESA en el sector. Desde la salida de la convertibilidad, el Estado ha intentado sostener el nivel de actividad mediante distintas iniciativas canalizadas a través de CAMMESA. Ante la insustentabilidad del sistema, estas medidas intentaron ocupar el lugar que, cuando se estructuró el sector eléctrico, estaban a cargo de los privados. El cambio de gobierno otorga una gran oportunidad para intentar recuperar el dinamismo que tuvo el sector sin la intervención estatal.
En los últimos años, las energías renovables pasaron a ocupar un lugar relevante en nuestra matriz de generación. En el marco de la transición energética, resulta de vital importancia que este proceso continúe pero, también, es fundamental que se permita y se fomente que el impulso de las renovables se gestione a través del mercado entre privados.
En este mercado, un generador renovable y un gran usuario pueden celebrar un contrato de suministro y negociar libremente sus términos y condiciones. Esta libertad de contratación permitió un gran desarrollo de los proyectos renovables, ofreciendo soluciones muy eficientes gracias a los excelentes recursos naturales que tiene nuestro país. Sin embargo, en la actualidad, no es posible concretar todos los proyectos que el mercado está demandando porque tenemos cuellos de botella en el sistema de transporte.
Frente a las restricciones presupuestarias actuales, deberán implementarse las medidas regulatorias necesarias para que las obras de infraestructura necesarias puedan financiarse sin aportes directos del sector público.
Todas estas condiciones jurídicas y regulatorias son necesarias para el crecimiento del sector energético, pero no son suficientes ya que dependerán también de la mejora de las condiciones macroeconómicas. El país debe dar las señales adecuadas para fomentar las inversiones a largo plazo.
Somos optimistas en que la industria energética tendrá años de mucho crecimiento que traerá beneficios cuantiosos para nuestro país y se convertirá definitivamente en un motor para su desarrollo económico y social.