Los programas nacionales de educación hacen un aporte marginal de fondos y terminan contribuyendo a los malos resultados. Que la Nación se interponga en funciones provinciales burocratiza la gestión y diluye responsabilidades. El objetivo a nivel Nación debería concentrarse en medir resultados para que se priorice la calidad educativa.
Entre los programas que ejecuta el Ministerio de Educación de la Nación, hay uno donde se organizan viajes escolares para escuelas primarias. En uno de los viajes realizados el pasado mes de julio, la directora de una escuela de Córdoba trató de suspenderlo ante deficiencias en el transporte, falta de comida y de agua caliente para asearse. Pero la burocracia hizo que el planteo no llegue a tiempo. Lo más grave se explicitó después de terminado el viaje cuando una niña de 6° grado denunció haber sido abusada.
Este hecho puntual tiene relación con uno más general. Como parte de la estrategia para enfrentar el complejo frente fiscal, se dispuso reducir los programas nacionales destinados a apoyar servicios a cargo de las provincias (dentro de ellos los destinados a la educación básica). Si bien la disminución en estos programas no tuvo gran incidencia, fue uno de los factores que explican la reducción del déficit fiscal en julio.
Lo relevante es dilucidar cuál es la contribución que la Nación hace en favor de la educación básica. Según datos del Ministerio de Economía, para el 2021 se observa que el gasto público total en educación básica asciende a 4% del PBI, las provincias financian con sus recursos 3,7% del PBI y los programas nacionales representan apenas el restante 0,3% del PBI. Los datos muestran que la Nación aporta apenas el 7% de la inversión que el Estado hace en educación básica y el otro 93% lo aportan las provincias con sus propios recursos. Es evidente que la contribución cuantitativa que los programas nacionales hacen a la educación pública es marginal. La educación no depende de los programas nacionales. Desde lo cualitativo, la intromisión en funciones y responsabilidades provinciales tiene impactos muy negativos. Que desde un nivel centralizado se organicen viajes de estudio, se construyan jardines infantiles o se repartan computadoras sirve para justificar la burocracia, pero no ayuda a mejorar la calidad de la educación. Por el contrario, diluye responsabilidades. El solapamiento y confusión de roles contribuye a que prevalezcan las excusas, en lugar de la autocrítica.
La Constitución Nacional (en su artículo 5°) establece que cada provincia se asegurará para así la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Se argumenta que los programas son necesarios porque compensan asimetrías regionales. Pero las evidencias muestran que las provincias del norte (las más rezagadas), reciben apenas el 30% del total de las erogaciones de los programas nacionales en educación. En estas provincias, la Nación aporta el 8% del gasto en educación (proporción similar al que se observa en el resto de las provincias).
Los desvíos que deterioran la calidad de la gestión pública no solo ocurre en educación. Sino también en otras funciones provinciales como salud pública, asistencia social, vivienda y urbanismo, entre otras. Debido a esto, un principio básico para el ordenamiento integral del Estado es respetar la distribución de funciones entre jurisdicciones. Bajo esta lógica, el Estado nacional tiene como rol medir y difundir los resultados de la gestión educativa. Lo que más necesitan las provincias no son recursos, sino condiciones para que la ciudadanía presione con eficacia a los funcionarios locales. Es la mejor herramienta para reducir las asimetrías regionales. No la intromisión en la gestión.