En el mundo del crédito, persiste una narrativa dañina: creer que los consumidores de menores recursos no entienden las consecuencias de sus decisiones financieras. Este enfoque paternalista subestima la capacidad de las personas para evaluar lo que necesitan y cuánto pueden pagar. Y aplicada a la regulación del crédito, esta creencia directamente cierra puertas a los que más lo necesitan.

C.K. Prahalad, reconocido por su teoría de la "Base de la Pirámide", lo expresó claramente: no subestimemos a los consumidores; son agentes sofisticados que buscan calidad, accesibilidad y dignidad.

Los consumidores no son matemáticos financieros, es cierto, pero eso no significa que no sepan evaluar un crédito. Multiplican las cuotas por su valor total, las comparan con el precio al contado y deciden si les resulta asumible. Lo hacen de manera práctica y basada en su realidad cotidiana: "Tengo que pagar seis cuotas de $ 215. Eso suma $ 1.290. Si el producto cuesta $ 1.000, estoy pagando $ 290 más. ¿Es razonable? ¿Lo puedo pagar?". Si la respuesta es sí, avanzan.

Otro elemento clave que consideran es si el crédito les permite comprar el bien en el momento en que lo necesitan. Si alguien adquiere una estufa al principio del invierno en lugar de esperar a una liquidación en primavera, no está actuando irracionalmente: está maximizando su bienestar y evitando costos ocultos. Sin embargo, la regulación y los análisis tradicionales del crédito no contemplan esto: miden el costo financiero sin evaluar el costo de oportunidad de no acceder al crédito en el momento adecuado.

El problema surge cuando el discurso público y las regulaciones asumen que el consumidor no entiende su decisión. 

Se insiste en presentar métricas como la TEA (Tasa Efectiva Anual), que, al estar anualizadas, son indicadores útiles para créditos como los hipotecarios o de largo plazo, pero que se vuelven confusos e irrelevantes para el corto plazo.

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Por ejemplo: si alguien presta $ 70.000 por un día y espera que le devuelvan $ 70.700 al día siguiente, eso es una ganancia de $ 700 o un 1% sobre el capital. Sin embargo, según el cálculo de la TEA, esta operación tendría una tasa del 3.678%. ¿Por qué parece tan alta? Porque la fórmula de la TEA supone que esta operación se repetirá 365 veces en el año, algo que no ocurre en la vida real.

La transparencia absoluta al consumidor es central para generar relaciones sanas de crédito. Eso no está en discusión. El problema es que la TEA, aplicada para créditos de plazo corto, más que transparentar, genera confusión, cuando las preguntas que realmente se hace el consumidor son: ¿cuánto me cuesta resolver mi problema ahora? ¿es algo que puedo asumir?

La TEA, mal comunicada, perpetúa la idea de que los consumidores están siendo explotados y que las empresas están obteniendo ganancias desmesuradas. (Por supuesto, nadie argumenta esto desde los balances de las empresas proveedoras de crédito).

El problema no está en las herramientas financieras, sino en cómo se presentan. Mi experiencia indica que es posible crear herramientas que sean claras, prácticas y diseñadas para responder a las necesidades reales de los consumidores.

Pero además, quienes trabajamos en esta industria tenemos la responsabilidad de comunicar de manera transparente y empática. Cambiar la narrativa sobre el crédito implica cuestionar métricas que distorsionan la realidad, diseñar productos que realmente resuelvan problemas y explicar con claridad.

La verdadera inclusión financiera no se trata de limitar el acceso al crédito por temor a que el consumidor tome malas decisiones, sino de garantizar que tenga la información para elegir lo que más le conviene. Si algo hemos aprendido en esta industria, es que el progreso comienza por escuchar al consumidor, no por imponerle soluciones desde el prejuicio.

Estoy convencido de que el consumidor no necesita que lo protejamos de sí mismo; necesita que lo respetemos.