Junto con la incorporación de un vocabulario médico nuevo a partir de la pandemia por COVID-19, el 2020 trajo aparejado un boom de las compras online o e-commerce producto de la disminución o imposibilidad de circulación. Ante este escenario obligado, además de la gran cantidad de oportunidades que ofrece la digitalización del comercio, también se vio incrementado el peligro de su posible vulneración. Hablamos entonces de ciberdelitos, que toman diversas formas, como fraudes y estafas en cuentas bancarias, robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito. 

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) afirma que en 2019 se denunciaron 22 delitos, pero en 2020 la cifra ascendió a 641, un incremento del 3000%. 

Estos no son solo números, son el reflejo de una situación alarmante que debe ser combatida con un trabajo mancomunado entre el sector público y el privado en términos de tecnología y estrategias eficientes de ciberseguridad. 

Mientras los ciberatacantes actúan y cambian sus tácticas permanentemente a través del phishing, ransomware y malware, por solo mencionar algunas, es el momento para que las organizaciones le brinden mayor seguridad a los ciudadanos. 

Para el año próximo se estima que la ciberdelincuencia se termine de ramificar en el Internet de las Cosas (IoT), esto es interconexión y transmisión de datos entre objetos cotidianos como celulares, tablets, televisores, autos, computadoras e Internet. Estos aparatos eléctricos, electrónicos y los dispositivos digitales con los que convivimos tienen circuitos y sensores que les permiten ejecutar programas, recolectar y compartir datos con la Internet sin la intervención de personas. 

Por esto es muy importante estar atentos en nuestras prácticas a cuestiones como, por ejemplo, la seguridad de las redes de WiFi que vayamos a utilizar, ya que si los ciberdelincuentes encuentran vulnerabilidades en alguno de los aparatos conectados, pueden acceder en forma remota a la red y robar datos e información personal. 

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A partir del informe que realizamos desde VU titulado “La Madurez de la Ciberseguridad en América Latina” (2021), basado en un estudio previo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se observa que en el país se han tomado diversas medidas en pos de sumar políticas y regulaciones para el sector de las telecomunicaciones, tecnología e Internet en los últimos años. 

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En 2017, a través del decreto 577/2017, se creó el Comité de Ciberseguridad, con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional de seguridad cibernética. Además, el Ministerio de Defensa ya cuenta con una Subsecretaría de Ciberdefensa, que trabaja en la definición de mecanismos y estrategias para la protección de la información y los servicios, el despliegue de elementos de ciberseguridad, evaluaciones de intrusión, monitoreo de infraestructuras críticas y transferencia de conocimientos. 

Contamos con un marco regulatorio y un sistema de políticas públicas significativamente consolidados, pero en términos de cultura y conciencia social sobre esta problemática aún estamos en etapa formativa. Aún resta incorporar como sociedad la noción de la importancia de la ciberseguridad en la era de la digitalización de la cotidianidad, y lo más importante: invertir tiempo en informar y capacitar a los usuarios, para que tengan más y mejores herramientas para tomar sus decisiones.

*El autor es Pablo Lima, Sales Director South Cone de VU. Especialista en ciberseguridad, prevención de fraude y protección de la identidad.