En los últimos tiempos han brotado en la Ciudad de Buenos Aires iniciativas que promueven la paralización del otorgamiento de nuevos permisos de construcción en ciertos barrios. A su vez, en la Provincia de Buenos Aires también se están difundiendo iniciativas, en este caso para penalizar con impuestos a los terrenos baldíos, llegando incluso a la expropiación. La industria del desarrollo urbano, que represento, siente a esto como una amenaza que atenta contra el sector. 

Sin objetar los fundamentos de estas propuestas, nuestra postura institucional es que este tipo de cuestiones deben ser encaminadas por el Estado a través de incentivos y no de castigos. Sin lugar a dudas, incentivos bien diseñados desencadenan reacciones empresariales conducentes. Hay muchas experiencias exitosas en el pasado en nuestro país y también en otros países de la región. 

Podemos mencionar, por ejemplo, la experiencia en el distrito tecnológico de Parque Patricios, donde la Ley Nº 2972 estableció una serie de beneficios fiscales hasta el año 2035 para todas las empresas de ese sector que se radiquen allí. Es evidente que el barrio se transformó de raíz no solo por estos incentivos sino también por la enorme inversión que allí hizo el GCBA. En efecto, la coordinación público privada, en este caso, trajo resultados muy satisfactorios. 

En cuanto a experiencias de otros países de la región, podemos destacar la iniciativa de Uruguay y su programa de Vivienda Promovida, creado en 2011, con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas a sectores de ingresos medios. Se trata de un programa que promueve la inversión privada en viviendas mediante exoneraciones de impuestos por 10 años a constructores, desarrolladores y propietarios de viviendas, cuyo destino sea la venta o el alquiler.

En la actualidad, en Argentina se empieza a hablar de incentivos fiscales para la construcción de viviendas en renta, que podrían convertirse en una herramienta potente para fomentar ese tipo de proyectos. 

A su vez, las Comisiones de Vivienda y la de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires avanzan en el debate de un proyecto de ley que apunta a promover, a través de incentivos fiscales, el incremento de la oferta de inmuebles en alquiler. 

En nuestra opinión, los castigos como los que ciertos sectores se proponen implementar deben acotarse a los incumplimientos, mientras que para alentar la vocación por invertir, y generar trabajo genuino de calidad, en especial en nuestro país, los incentivos inteligentes y transparentes funcionan mejor.

Y es evidente que hay que implementarlos porque los buenos desarrollos urbanos mejoran la calidad de vida de las personas y generan al mismo tiempo un impacto positivo en el desarrollo económico del país. 

Desarrollar una zona, un barrio o una ciudad, a partir de incentivos inteligentes, brinda mejoras significativas relacionadas al movimiento y circulación de las personas y su consecuente seguridad.

Los desarrollos traen un efecto multiplicador continuo en las economías locales, que incluyen inversión, empleo, apertura de comercios, mejoras en la infraestructura general de los servicios, ingresos y recursos tributarios para los gobiernos. 

Esto a su vez mejora significativamente la calidad de vida de toda una población. Un área urbana nueva, pujante y vibrante conlleva siempre un impacto muy significativo en la sociedad.

 

*La columna fue escrita por Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU)