Las brechas en la salud y los derechos sexuales y reproductivos afectan enormemente a las personas, las comunidades y las economías de la región. Aun antes de la pandemia de COVID-19, ya existían necesidades insatisfechas de servicios en América Latina y el Caribe. 
Cada año, 354.000 mujeres no reciben la atención médica que necesitan después de una complicación obstétrica importante y 4 millones tienen abortos en condiciones inseguras. 

Según un informe del Guttmacher Institute, a partir de 2019, 18 millones de mujeres de edad reproductiva deseaban evitar un embarazo, pero no estaban utilizando un método de anticoncepción moderna. Esta necesidad insatisfecha es mayor para las adolescentes en edades de 15 a 19 años (21% versus 17% ). 

La pandemia complejiza más aún este escenario. De acuerdo con el monitoreo “La salud reproductiva es vital”, llevado adelante por el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI), el acceso a la atención de la interrupción legal del embarazo disminuyó notablemente, llegando a una reducción en 2020 del 86% en Perú, 65% en Bolivia y un 21% en Chile, respecto del 2019. Igualmente, el acceso a métodos modernos de anticoncepción se vio afectado, disminuyendo hasta en un 36% las consejerías anticonceptivas en Bolivia y la distribución en un 43% en Chile.  

Según relevaron Sandra Valongueiro, médica sanitarista investigadora de la Universidad Federal de Pernambuco, y Sonia Correa, investigadora asociada de la Asociação Brasileira Interdisciplinar de AIDS y co-co-cordinadora del Observatório de Sexualidad y Política, Brasil no es la excepción. La tasa de mortalidad materna hace tiempo se ve estancada en 50-60 cada 100.000 nacidos vivos, una tasa alta para un país de renta media. 

Además, estos números están marcados por la desigualdad: la mortalidad materna tiene mayor incidencia entre las mujeres negras, de zonas rurales y que dieron a luz fuera de sus hogares. Según el Observatorio Covid revela que entre las 1.204 muertes maternas registradas en 2020 y 2021, alrededor del 56,2% se produjeron en mujeres negras, con un riesgo de muerte casi dos veces superior al de las mujeres blancas. 

De acuerdo con las autoras, es cierto que el brote de COVID-19 no ayudó, pero, incluso antes de la pandemia, tampoco se pudo en Brasil garantizar la calidad en la atención al parto, a pesar de las inversiones que se hicieron en salud materna y de que casi el 95% de los partos ocurre en hospitales. Estos resultados sugieren serios problemas de acceso y calidad de la atención hospitalaria, sumado a factores socioeconómicos y a las comorbilidades clásicas como la hipertensión y la diabetes.  

Pero también se han llevado adelante buenas prácticas para responder a este enorme desafío de la pandemia. Un caso a mencionar ha sido el desarrollo de estrategias para lograr comunicaciones más fluidas con los pacientes. El Ministerio de Salud argentino implementó en 2020 una línea de trabajo sobre relevamiento de buenas prácticas que surgieron como respuesta a las restricciones en el contexto de COVID-19 en las 24 provincias del país, mientras que en Chile se montaron mesas de trabajo entre Estado y sociedad civil para encontrar modos de asegurar ciertos servicios de salud reproductiva. En Colombia y Argentina se adoptó la telesalud para brindar atención en los casos de aborto legal. 

Tanto las barreras como las buenas prácticas identificadas en la iniciativa de Salud Reproductiva es Vital resultan de suma importancia para el diseño de políticas públicas integrales adecuadas en escenarios de crisis. Cerrar estas brechas requiere un enfoque holístico que abarque el derecho de todas las personas a tomar decisiones sobre sus cuerpos y tener acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. 

Según los datos de Guttmacher, cubrir las necesidades insatisfechas de servicios tendría un gran impacto en la región, resultando en 7 millones menos de embarazos no intencionales, 53.000 menos de muertes neonatales, y mucho más. 

Cada dólar gastado en servicios anticonceptivos por encima del nivel actual ahorraría US$ 3,61 en el costo de la atención materna, del recién nacido y de los servicios de aborto. Mientras los gobiernos enfrentan restricciones presupuestarias como resultado de la pandemia, invertir en los servicios de salud sexual y reproductiva presenta grandes oportunidades para las sociedades, no sólo por el ahorro de costos públicos sino ante todo porque es una forma de concretar los derechos de las personas. 


 

*La columna fue escrita por Agustina Ramón Michel, coordinadora de la iniciativa “Salud Reproductiva es Vital” de CLACAI e investigadora asociada del CEDES.