Pasado el fragor de la COP26, llega la hora de relanzar las políticas de sostenibilidad. Y lo hacemos comenzando por la matriz energética, donde la diversificación en curso sirve un triple objetivo: reducir las emisiones, abrir oportunidades de negocio a nuestros socios internacionales, y abastecer las zonas más recónditas de Colombia con fuentes de energías renovables no convencionales.
Colombia está plenamente comprometida con el Acuerdo de París, y por ello, busca reducir para 2030 en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles proyectados. La consecución de este objetivo pasa por diversificar la matriz energética, donde el gobierno colombiano tiene un plan muy claro: multiplicar por 50 la capacidad instalada de fuentes alternativas, de 50MW en 2018 a 2.500 MW en 2022. En ese sentido, la inversión extranjera directa cumple un rol estratégico.
La última subasta de energías renovables no convencionales, el pasado 26 de octubre, fue una buena muestra de esta determinación: 11 proyectos solares adjudicados a nueve empresas, que empezarán a abastecer de energía en enero de 2023, tendrán una capacidad de generación de 800 megavatios y supondrán una reducción de 465.000 toneladas de CO2 al año.
La subasta suscitó gran interés entre varias multinacionales líderes en el sector, que con estos proyectos crearán 4.800 empleos directos e invertirán un total de 3.300 millones de dólares.
La participación de grandes empresas internacionales en la licitación no es ninguna casualidad, sino que ilustra los esfuerzos del gobierno de este país por atraer inversión extranjera directa mediante una política regulatoria y de mercado proactiva.
Colombia se dotó recientemente de una nueva ley de transición energética que fortalece los incentivos de la Ley 1715 de 2014. En virtud del nuevo texto, se ofrecen entre otros una deducción del impuesto sobre la renta durante 15 años por inversiones en fuentes alternativas, y una exención de derechos de importación sobre maquinaria, equipo, materiales e insumos.
La nueva ley amplía asimismo el campo de acción y permitirá que se acojan a los beneficios de la Ley 1715 el hidrógeno azul y verde, una fuente que ya ha sido testada con éxito en medios de transporte como alternativa a los derivados del petróleo, el gas y el carbón.
La nueva ley presta especial atención al abastecimiento interno, y dispone además la creación de un nuevo modelo de negocio que llevará energía eléctrica a familias residentes en las zonas más remotas del país, con fuentes de energía renovables no convencionales.
Descarbonización, oportunidades de negocio y abastecimiento limpio para todos. He ahí la triple divisa de esta diversificación de la matriz energética, punta de lanza de una política de sostenibilidad que Colombia está promoviendo de la mano de sus socios internacionales.
Colombia está orgullosa de figurar entre las diez mayores economías en desarrollo receptoras de inversión extranjera directa, y está decidida a seguir formando parte de ese selecto club. Ofrecemos seguridad jurídica, reglas de juego claras, estabilidad política, un manejo responsable de las finanzas públicas, y un enorme potencial humano.
Nuestros socios confían en las oportunidades que les ofrecemos, tal como quedó claro en el pasado Colombia Investment Summit, el evento de inversión más importante del año que se realiza en nuestro país y que presentó un total de 150 proyectos, evaluados en US$ 8.000 millones. Sin duda, una cifra significativa que ahora vendrá a materializarse en anuncios concretos para continuar apuntalando este año de recuperación económica.
Finalmente, cabe señalar que las puertas de Colombia están abiertas para la puesta en marcha de proyectos con vocación sostenible en todos los sectores productivos del país. El momento de invertir es ahora.
*La columna fue escrita por Flavia Santoro Trujillo, presidenta de ProColombia.