La sociedad está demandando al Estado nuevas respuestas a los problemas sociales y económicos, entre ellos la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La atención especial sobre las pymes tiene sentido en la medida que generan el 63% del empleo argentino, cubren todo el territorio nacional y son las que van a complementar los esfuerzos nacionales de sectores como el agro, la energía o la minería para duplicar las exportaciones del país, con el objetivo de salir pronto de la restricción externa que nos genera falta de dólares e inflación.

Pero para que eso ocurra, es decir, para que las pymes se tecnifiquen, tomen empleados y vendan más, es necesario desde el Estado crear o potenciar esas nuevas herramientas. Es decir, no se trata solo de mitigar la incertidumbre, los efectos de las crisis o virtuales abismos que cada tanto sufren los pequeños empresarios del país. Es preciso idear y mejorar mecanismos que nos permitan dar un salto adelante y cambiar los problemas que arrastramos desde hace tiempo.

Una de esas herramientas que funciona y tiene mucho potencial de crecimiento es el sistema de garantías y avales que desde hace algunos años se ha ido desarrollando en el país, al igual que en otros países del mundo y la región. Se trata de un ecosistema de leyes, regulaciones de distintos organismos e iniciativas de actores públicos y privados, que hacen posible la negociación de instrumentos específicos garantizados, créditos a tasas subsidiadas y el trabajo complementario y sinérgico de las sociedades de garantías reciprocas creadas por la Ley N° 24.467, bancos comerciales y públicos, mercados de valores, agentes del mercado de capitales, fondos comunes de inversión, compañías de seguros y, en los últimos años, fondos de garantías provinciales de carácter público, entre otros.

En números, podemos graficar esta política pública subrayando la puesta en marcha del programa de financiamiento del Ministerio de Economía más grande de la historia reciente del país, el Crédito Argentino (CreAr), que en el último año ya cuenta con una inversión de 1 billón de pesos destinados a todo el entramado productivo, desde un microemprendimiento hasta una PyME exportadora, con 40 puntos porcentuales de subsidio de tasa del Estado Nacional y respaldo del 100% del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y el sistema de garantías asociado.

Por su parte, en el ámbito del mercado de capitales que regula la Comisión Nacional de Valores, en los últimos años hemos vivido un verdadero cambio de era. El financiamiento obtenido por las pymes para sus proyectos y capital de trabajo pasó de representar el 9% en el año 2017 al 38,4% de todo lo negociado en el año 2022, con perspectivas de continuar creciendo este año y los siguientes. Pongamos estos porcentajes en cifras concretas. En el Mercado Argentino de Valores, los instrumentos pymes, como el cheque de pago diferido y el pagaré bursátil, pasaron de representar 1.500 millones de dólares en 2017 a los 5.700 millones de dólares en 2022. En tanto, las obligaciones negociables pymes garantizadas se multiplicaron por 8 en ese lapso y son record año a año.

En estos resultados el sistema de garantías es clave y los estudios realizados indican que tiene potencial para multiplicarse en pocos años, asociado además a otros efectos positivos que genera, más allá del incremento del volumen del financiamiento de las empresas pymes.

En primer lugar, porque consigue bajar las tasas de interés que pagan las pymes, en razón de que el riesgo asociado a la falta de pago se traslada de la pyme a la entidad de garantía. Eso mismo amplia la base de inversores, porque para comprar el instrumento no hace falta conocer a la pyme y su plan de negocios, en tanto el sistema de garantías es que la analizó y cubre el riesgo de incobrabilidad.

Se trata además de un sistema crecientemente federal, a partir de la creación de fondos de garantías públicos provinciales, que posibilitan que el ahorro de las provincias, público y privado, pueda canalizarse hacia inversiones en las provincias, con una mirada productiva y de agregación de valor, que es capaz de adaptarse a las características de las pymes de cada región del país, y no pretender uniformarlas bajo estándares imposibles de cumplir.

Por todo ello, estamos acompañando el fortalecimiento de todo el sistema de garantías con regulaciones que lleven cada día más transparencia a su funcionamiento, asociándonos con autoridades provinciales y otros organismos públicos, como la Subsecretaría PyME, el Consejo Federal de Inversiones o privados como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pusimos en marcha hace unos meses una Mesa Público-Privada, que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), con el objeto de resolver cuestiones operativas y desincentivos aún pendientes, analizar nuevos productos y extender la tarea de difusión de los instrumentos pymes.

Una idea nos guía: confiamos en que este camino va a dar sus frutos rápidamente y con ello vamos a ayudar a consolidar un ecosistema que multiplique el financiamiento para pymes y el desarrollo de inversiones productivas con un espíritu federal e inclusivo.